Lorca

Adif reúne a los afectados por la Alta Velocidad para fijar las expropiaciones

Más de un centenar de vecinos han solicitado que se declare nulo el procedimiento

FRANCISCO GÓMEZ Los más de cien afectados por el proyecto del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad del tramo Murcia- Almería, subtramo Totana-Lorca, a su paso por la pedanía de La Hoya, han sido citados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) del Ministerio de Fomento para que comparezcan durante los días 22 y 23 de julio en el ayuntamiento de Lorca, con el fin de fijar el justiprecio, por mutuo acuerdo, de los terrenos que les han sido expropiados.

Según el representante legal de los afectados, Fernando Guirao, las cantidades que viene ofreciendo el ministerio de Fomento por los terrenos en localidades como Totana oscilan entre los 9 y 20 euros el metro cuadrado, en base al tipo de terreno expropiado, ya sea zona de huerta, cultivo de parral o invernadero.

En el caso de Lorca, los precios se sabrán a partir de mañana. En todo caso, lo que sí se sabe es que «el justiprecio se cobraría en un plazo de 4 a 6 meses». Los propietarios que no acepten el justiprecio, «serán citados en un plazo de 20 días para presentar las hoja de aprecio y, a continuación, el Estado presentará la suya, con otros 20 días de plazo, aunque luego tardará en responder alrededor de tres meses». 

Una vez presentadas, se podrán pedir las cantidades concurrentes mientras se rechaza la oferta del Estado propuesta en el mutuo acuerdo «existiendo el derecho por parte del propietario de que hasta el límite de conformidad puede recuperar el dinero que le ofrecieron».

Quien no acepte el mutuo acuerdo, según Guirao, «en un plazo de 9 meses cobrará la mitad del importe a percibir y el resto lo hará dentro de 4 ó 5 años». Quien lo acepte cobrará la totalidad de la expropiación en un plazo de 4 a 6 meses.

Los afectados han solicitado que se declare nulo el procedimiento de expropiación forzosa, al haberse omitido, por parte del Ministerio, el trámite de información pública del proceso.

Para lograrlo, los afectados han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, un recurso contencioso-administrativo, que ha sido admitido a trámite, por entender que en el expediente de expropiación forzosa, abierto como consecuencia del citado proyecto, se ha omitido el trámite de información pública por parte del Ministerio de Fomento, previo a la relación individualizada de los bienes y derechos afectados.

En caso de que finalmente se deniegue la solicitud de anulación del procedimiento expropiatorio, los afectados piden que se proceda a fijar, como indemnización de daños y perjuicios, un 25% adicional del justiprecio que se determine.